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El 25 de abril de 1898, el Congreso de la joven y ambiciosa potencia que entonces constituían los Estados Unidos de Norteamérica declaraba formalmente la guerra al viejo Reino de España, hundido en una profunda crisis política, pero todavía en posesión de sus últimas provincias de Ultramar en América (Cuba y Puerto Rico), Asia (Filipinas), Oceanía (los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos) y de nuevos territorios en África (Guinea, Ifni y el Sáhara español).
Una semana antes de la declaración, el Congreso estadounidense había enviado al Gobierno de España, presidido por Sagasta, una resolución en la que exponía el derecho de Cuba a la libertad y la independencia, y en la que pedía la retirada de las fuerzas terrestres y navales españolas: «Considerando que las horribles condiciones que han existido en la isla de Cuba […] han ofendido el sentido moral del pueblo de los EE. UU. […], y que han culminado en la destrucción de un acorazado de los EE. UU. durante una visita amistosa al puerto de La Habana […]».
Lo que no decía la resolución era que el movimiento de insurrección existente en Cuba estaba alentado interesadamente por la política expansionista de los Estados Unidos, ni que la voladura del crucero Maine había obedecido, probablemente, a causas internas.
Como resultado de la contienda, España perdería Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, y quedaría sumida en el hondo pesimismo que desencadenó el Desastre del 98.
