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El 25 de abril de 1898 se formalizó la declaración de guerra de EE. UU. al Reino de España, un acto que culminó el prolongado proceso de crisis del sistema colonial español y dio inicio a un nuevo escenario geopolítico de alcance global. El origen inmediato del conflicto hay que situarlo en la nueva insurrección cubana de 1895 y en la incapacidad de la metrópoli para sofocar la rebelión, junto con la dureza de las medidas adoptadas, como la política de reconcentración del general Valeriano Weyler, que generó una creciente presión internacional, especialmente en EE. UU., donde los intereses económicos y una opinión pública influida por la prensa sensacionalista (yellow journalism) favorecieron la intervención bélica.
La explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, no suficientemente esclarecida y considerada por algunos investigadores como una operación de falsa bandera, supuso la justificación definitiva para la entrada norteamericana en la guerra.
Tras semanas de creciente tensión, el presidente William McKinley remitió al Congreso, el 11 de abril de 1898, un mensaje en el que solicitaba autorización para intervenir en Cuba, aunque inicialmente evitó una declaración explícita de guerra y optó por enmarcar la acción en términos humanitarios y de protección de los intereses estadounidenses. Sin embargo, el Congreso, influido por la opinión pública y por actores políticos expansionistas, como el subsecretario de Marina Theodore Roosevelt, dio un paso más allá y el 19 de abril aprobó una resolución conjunta de las dos cámaras en la que reconocía la independencia de Cuba y exigía la retirada inmediata de las fuerzas españolas de la isla. Este documento incluía la conocida Enmienda Teller, mediante la cual EE. UU. se comprometía formalmente a no anexionarse Cuba tras el conflicto, en un intento de legitimar la intervención como una acción altruista y no imperialista. La resolución equivalía, en la práctica, a un ultimátum.
España respondió rompiendo relaciones diplomáticas el 21 de abril, lo que precipitó los acontecimientos. Ese mismo día, la Armada estadounidense inició el bloqueo de Cuba, un acto de guerra de facto que precedió a la declaración formal. Jurídicamente, esta secuencia es relevante, pues el conflicto comenzó materialmente antes de ser reconocido oficialmente, lo que obligó al Congreso a introducir una cláusula retroactiva y a establecer que el estado de guerra existía desde cinco días antes. Esta retroactividad fue una decisión con implicaciones legales, ya que dio cobertura jurídica a las operaciones militares ya iniciadas, a la captura de buques y a la aplicación del derecho de guerra.
Desde la perspectiva estratégica, la declaración formalizó una guerra breve, diplomáticamente calculada y cuidadosamente preparada, pues EE. UU. había acelerado su programa de modernización naval en las décadas anteriores, lo que le permitió entrar en conflicto con una clara superioridad material. Por el contrario, España, bajo el gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta, se vio empujada a una guerra para la que no estaba plenamente preparada, con unas capacidades militares especialmente obsoletas en el ámbito naval y con la dificultad política de aceptar el ultimátum sin combatir. Las derrotas de los almirantes Patricio Montojo y Pascual Cervera frente al comodoro George Dewey y al almirante William T. Sampson, en las batallas de Cavite (1 de mayo de 1898) y de Santiago de Cuba (3 de julio de 1898), sellaron el destino del conflicto en apenas ocho meses.
La firma del Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898, formalizó el fin de las hostilidades y supuso la cesión de Cuba (bajo tutela), Puerto Rico, Filipinas y Guam a EE. UU., así como el colapso definitivo del imperio español, lo que generó una profunda crisis moral, política y social en la Península. Sin embargo, para EE. UU., la guerra representó su consolidación como potencia emergente con proyección global y marcó el inicio de una política exterior más activa e intervencionista.
En suma, la declaración de guerra del 25 de abril de 1898 constituye un caso paradigmático de cómo las democracias modernas formalizan el paso de la tensión a la guerra, integrando legitimidad interna, narrativa pública y acción militar efectiva, y supuso la reconfiguración del equilibrio de poder a finales del siglo XIX, inaugurando una nueva etapa en la historia militar y política internacional.
