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En un momento clave de la historia de España, en que se jugaba su imagen internacional con la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la capitalidad cultural europea de Madrid, y con la actividad de la banda terrorista ETA en su momento más álgido, la Guardia Civil asestó, posiblemente, el golpe más relevante a esta organización criminal, con la detención y desarticulación de su cúpula en territorio francés.
El 29 de marzo de 1992, con la necesaria y preceptiva colaboración de las fuerzas de seguridad francesas, en el marco de la cooperación bilateral existente, se detuvo, en el caserío Xilocan, de la localidad francesa de Bidart, a 20 kilómetros de la frontera española, al denominado «colectivo Artapalo»: los tres máximos dirigentes que llevaban una década al frente de la organización como integrantes de su Comité Ejecutivo y habían ordenado el asesinato de más de 200 personas: Francisco Múgica Garmendia «Pakito», responsable del aparato militar; José María Arregui Erostarbe «Fiti», jefe del aparato logístico; y José María Álvarez Santacristina «Txelis», ideólogo y responsable del aparato político. A ellos hay que sumar la posterior detención de otros tres etarras que ejercían de hombres de confianza y conductores de ellos: Manuel Rodríguez, Pierre Langou y Philippe Lassalle.
La operación, denominada «Broma-Queso», cerró un operativo de investigación, inteligencia y seguimiento de muchos meses, conducido y coordinado, básicamente, por el Servicio de Información de la Guardia Civil de la Comandancia de Guipúzcoa. En él se integró mucha colaboración ajena, incluyendo, a título de ejemplo, la participación activa de una mujer vinculada con un empresario asesinado por ETA al negarse a pagar el «impuesto revolucionario», o los datos aportados por un colaborador del «Comando Eibar», despechado por infidelidades familiares.
El dispositivo incluyó controles discretos sobre el caserío donde se encontraban los dirigentes etarras y se diseñó siempre bajo la premisa de asegurar detenciones limpias y simultáneas, sin enfrentamientos armados ni fugas, y evitando la posible destrucción de material relevante. Así, el efecto sorpresa fue fundamental para incautar documentación estratégica, datos logísticos y económicos, y contactos vinculados a los aparatos de los tres detenidos, necesarios para posteriores operaciones. Esta documentación se amplió con el registro de una segunda vivienda, conocida como Les Pastorelles, que solo utilizaba Álvarez Santacristina como cuartel general del aparato político de ETA.
En conjunto, el operativo de Bidart puede considerarse un ejemplo de planificación integral en el que las fuerzas de seguridad españolas alcanzaron su maduración completa, y supuso un modelo técnico que se consolidaría en los años siguientes en la lucha antiterrorista. Evidenció un nivel de cooperación bilateral hispano-francesa sin precedentes hasta entonces, con intercambio de inteligencia en tiempo real, planificación conjunta y sincronización de actuaciones. Favoreció, además, una creciente cooperación internacional. Se apoyó, desde el punto de vista técnico-jurídico, en órdenes internacionales de detención y en mecanismos de cooperación judicial que facilitarían los posteriores procedimientos de entrega de detenidos a España.
También permitió activar equipos especializados en análisis de documentación y explotación de inteligencia para identificar estructuras de apoyo, comandos operativos y redes logísticas. Asimismo, reforzó la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad, que percibió que el terrorismo podía ser combatido eficazmente por las instituciones democráticas. Y concitó el apoyo unánime de todos los sectores sociales y partidos políticos, reafirmando su compromiso con el Estado de Derecho. A corto plazo, desmanteló las criminales intenciones de la banda terrorista en los destacados acontecimientos que tendrían lugar en la España de 1992.
La desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart por parte de la Guardia Civil puede considerarse el hito más importante de la lucha contra el terrorismo etarra y un punto de inflexión hacia el cese definitivo de la actividad armada de ETA años después, en 2011, y su disolución formal en 2018.
Francisco López Muñoz
