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5 DE SEPTIEMBRE DE 1926
Tercera disolución del Cuerpo de Artillería

La tercera disolución del Cuerpo de Artillería fue, en esencia, un conflicto de carácter corporativo que enfrentó a los oficiales de artillería con el presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, que se había obstinado en homogeneizar el Ejército y eliminar el tradicional sistema de ascensos por antigüedad, conocido por «escala cerrada». Se trataba de un procedimiento que desde 1891 era acatado por todos los alumnos que cursaban sus estudios en la Academia de Artillería, y que suponía un compromiso mediante el cual se renunciaba a todo ascenso que no se obtuviera por antigüedad. El pacto se suscribía plasmando las firmas de conformidad en un álbum que aún se conserva en este centro de enseñanza segoviano.

La principal causa que alegaban los oficiales para justificar este acuerdo era su oposición ante los favoritismos y las luchas de influencias que pudieran alterar el orden establecido en la promoción. Por su parte, Primo de Rivera y ciertos militares africanistas que resultaban perjudicados con la responsabilidad adquirida, deseaban la modificación de ese compromiso en aras de poder proporcionar a los más eficaces la posibilidad de ascender por méritos de guerra. El presidente del Gobierno se negó a escuchar las razones que expusieron los artilleros y unificó el sistema de ascensos de todo el Ejército. 

Por un Real Decreto de 9 de junio de 1926 se prohibió la permuta de los ascensos adquiridos por méritos de guerra por cruces rojas del Mérito Militar, sistema que venían utilizando los oficiales de artillería y los de los cuerpos de ingenieros y sanidad militar desde tiempos remotos. En el mismo diario también se relevaba a todos los militares de los compromisos contraídos y promesas empeñadas en relación con los ascensos, siendo obligatorio aceptar las mercedes que les fueran otorgadas por el Gobierno. Igualmente, se ordenaba que se llevaran a cabo los ascensos de todos aquellos a quienes desde 1925 les habían sido concedidos y los habían rechazado.

El Real Decreto produjo una fuerte reacción entre los oficiales de artillería y, aunque hubo negociaciones entre representantes de ambas partes, no se llegó a un acuerdo. Sorprendentemente, el Gobierno publicó un Real Decreto de 26 de julio que suprimía a partir del 1 de octubre de 1926 los ascensos por méritos de guerra, aunque se reservaba un determinado número de vacantes por empleo para ser cubiertas por el sistema de elección, lo que nuevamente causó gran indignación entre los oficiales del Cuerpo de Artillería porque se derogaba la escala cerrada.

En este escenario, el 2 de septiembre el jefe de la Sección de Artillería sería arrestado por tramitar las instancias de retiro de los 18 artilleros que fueron ascendidos por méritos de guerra. En respuesta, todas las unidades de artillería de la península se acuartelaron, lo que provocó la publicación de dos reales decretos. Por el primero, el del 5 de septiembre, se declaraba el estado de guerra en todo el territorio nacional. Por el segundo, se suspendía de «empleo, fuero, atribuciones, uso de uniforme y sueldo a todos los jefes y oficiales de la escala activa del Arma de Artillería…», relevando del deber de obediencia a los mismos a todos los jefes, oficiales, clases y soldados del propio Cuerpo…, todo ello con excepción del Ejército de Marruecos.

Los oficiales de las unidades acuarteladas se negaron a entregar el mando si no era por la fuerza. Sin embargo, no hubo un seguimiento masivo, apaciguándose los ánimos hasta el punto de que Primo de Rivera decidió levantar el estado de guerra el día 8. Además, el Gobierno intentó suavizar la situación evitando llevar a cabo procedimientos sumarísimos; la mayor parte de los procesos fueron sobreseídos, con excepción de 38 que fueron condenados a cadena perpetua y una pena de muerte, la de José Marchesi, coronel director de la Academia de Artillería, que posteriormente sería indultado.

La propuesta de amnistía para todos los presos del Cuerpo de Artillería hizo que los artilleros fueran solicitando el reingreso, aunque con la obligación de aceptar las condiciones que se les impusieron.

Diego Quirós Montero

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