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El 14 de julio de 1986, la organización terrorista ETA perpetró uno de los atentados más graves y simbólicos de su historia. A las 7:45 horas, un vehículo cargado con unos 35 kilogramos de goma-2 y metralla fue detonado por control remoto al paso de un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, cuando trasladaba a alumnos de la Escuela de Tráfico. La explosión causó la muerte de 12 jóvenes guardias civiles, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, y dejó casi 80 heridos.

Los medios de comunicación describieron el atentado como una muestra de la capacidad operativa de ETA en la segunda mitad de la década de 1980. Subrayaron la extrema violencia empleada contra un objetivo compuesto mayoritariamente por jóvenes agentes en formación, en una zona densamente transitada de la capital, y el profundo impacto emocional causado entre los ciudadanos madrileños. Desde una perspectiva estratégica, el atentado evidenció la evolución táctica de ETA hacia acciones de gran impacto psicológico y propagandístico, sembrando inseguridad entre la población y tratando de erosionar la confianza de la sociedad en la capacidad protectora del Estado democrático. Sin embargo, el efecto obtenido fue, en gran medida, el contrario, pues la respuesta social estuvo marcada por multitudinarias concentraciones de repulsa, manifestaciones de solidaridad con las víctimas y un fortalecimiento del consenso político y democrático en torno a la necesidad de aislar social y políticamente a la organización terrorista.
En el ámbito operativo de la lucha antiterrorista, el atentado supuso un nuevo impulso para la modernización de las capacidades de investigación e inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante los años siguientes, se perfeccionaron los procedimientos de protección de convoyes y transportes oficiales, se intensificó la colaboración entre los cuerpos policiales y los servicios de información, y se reforzó la cooperación judicial y policial internacional, especialmente con Francia, factor decisivo para el progresivo debilitamiento de ETA y la posterior desarticulación de su infraestructura logística y de sus aparatos de dirección.
Las investigaciones permitieron identificar y condenar a más de 2.000 años de prisión a varios de los responsables materiales e intelectuales del atentado, miembros del denominado «Comando Madrid», como Antonio Troitiño, Inés del Río e Iñaki de Juana Chaos, cuya actividad fue objeto de una intensa persecución policial y judicial durante los años siguientes.
La trascendencia histórica del atentado también cambió la consideración pública de las víctimas del terrorismo, que evolucionó hacia un reconocimiento institucional de estas, con normas específicas de protección, asistencia y reparación, y se reconoció su papel como referente moral en la defensa de la libertad y de los valores democráticos. En este contexto, se instituyó el Día de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo de la Guardia Civil, que se conmemora anualmente cada 14 de julio, coincidiendo con el aniversario del atentado, con la finalidad de rendir homenaje permanente a los más de 200 miembros de la institución asesinados por organizaciones terroristas, preservar su legado de servicio, transmitir a las nuevas generaciones los valores de memoria, dignidad, justicia y reconocimiento, y recordar el papel decisivo desempeñado por la Guardia Civil en la derrota del terrorismo y en la defensa de las libertades públicas.
De este modo, el atentado de la plaza de la República Dominicana trasciende su dimensión histórica para convertirse en un referente de la resistencia democrática frente al terrorismo y del compromiso permanente de la Guardia Civil con la defensa de la libertad, la seguridad y el Estado de Derecho.
Francisco López Muñoz